¿El PRI puede ganar sin fraude?

El pasado domingo, Alejandra del Moral hizo dos afirmaciones muy discutibles, durante un mitin de su partido en Cd. Nezahualcóyotl: la primera fue que ya alcanzó en las preferencias a Delfina Gómez; la segunda fue que ganará las elecciones sin fraude. Por razones de espacio, esta columna sólo se centrará en analizar la posibilidad de que la segunda ocurra, tomando en cuenta algunos hechos históricos y el antecedente más inmediato en la lucha por la gubernatura: las elecciones de 2017.

Desde su fundación en 1929, el PNR nació para imponerse y no para competir por los cargos de gobierno y de representación popular. Esto se confirma porque ganó todos los comicios entre ese año y 1938, fecha de su refundación como PRM. Esa misma tendencia se observó en todas las elecciones realizadas hasta 1945. Algo similar pasó desde 1946, cuando cambió al PRI, hasta finales del siglo XX. Aunque con más dificultades, siempre conservó la gubernatura.

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En la elección de 1999, para imponer a Montiel, el PRI recurrió a su famosa Fuerza Mexiquense, creada por ese mismo personaje. Recurrió a todas las prácticas fraudulentas conocidas hasta ese momento, para derrotar a J. L. Durán, del PAN. Esa misma Fuerza y prácticas similares fueron aplicadas para imponer a Peña en 2005, sumadas a un gasto publicitario descomunal y una serie de acciones judiciales contra R. Mendoza, el candidato panista derrotado.

Después de las poco competitivas elecciones de 2011, donde la oposición representada por A. Encinas (PRD) y L. F. Bravo (PAN) no se planteó realmente conquistar el poder y quedó muy lejos de E. Ávila (PRI), se llegó a los comicios de 2017, los más competidos en la historia del estado, pero también uno de los más cuestionados por la forma en que Del Mazo retuvo la gubernatura.

En esas elecciones el PRI contó con numerosos apoyos para imponerse. El gobierno federal volcó todo el aparato estatal, encabezado por R. Robles y otros funcionarios, para repartir recursos y realizar vastas obras, a fin de ampliar su base electoral. Además, como lo reconoció el ex oficial mayor de la SEDESOL, E. Zebadúa, una parte de los recursos de la Estafa Maestra fueron destinados a comprar votos, además de los que el gobierno mexiquense desvío de varias dependencias públicas para el mismo objetivo.

El INE también tuvo una gran responsabilidad en esos comicios: permitió que el IEEM realizara un conteo rápido sesgado de principio a fin; renunció a la aplicación del PREP casilla por intereses políticos de algunos de sus consejeros; y toleró que el IEEM redujera, sin justificación legal ni técnica alguna, el recuento de paquetes electorales durante los cómputos distritales, etcétera.

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Por si fuera poco, en la jornada electoral del 4 de junio hubo otras irregularidades: sustitución de funcionarios de casilla por militantes del PRI; terrorismo electoral; compra de votos en lugares cercanos a las casillas, operadores priistas disfrazados de observadores electorales, encuestadores que nunca dieron a conocer sus resultados, transmisión de datos del conteo rápido sin controles del INE; complicidad del IEEM y el sospechoso silencio de la oposición, incluido un sector de Morena.

Del Moral conoce lo anterior, porque como presidenta priista se encargó de aplicarlo en toda la entidad. En 2017 se llevó a cabo una elección de Estado de la que fue responsable. Ella sabe que el fraude está en el ADN del PRI; que no puede renunciar a practicarlo porque sin él hace mucho que no existiría.